“Al final del día el momento constituyente no se trata de derrotar a una visión en particular. Se trata de contribuir a través de grandes acuerdos a lo que poco nos importó ver como se abofeteaba: la legitimidad de nuestro sistema político”, manifiesta el autor.
Columna escrita por Diego Aguilar Vildoso, Abogado. Magíster en Ciencia Política.
El ímpetu económico global por el libre mercado incentivado por los intereses que resultaron victoriosos una vez culminada la guerra fría se ha manifestado en distintos lugares del orbe. No solamente en Chile el estallido social se ha de súbito iniciado por medidas económicas que seguían colocando cargas económicas a los escuálidos bolsillos de las clases más bajas, también ha sucedido en Ecuador e Irán, con el aumento del precio en los combustibles; o en El Líbano, con la decisión del gobierno de cobrar por las llamadas a través de WhatsApp.
En otros casos (como Colombia, Sudán o Irak) las protestas que sacuden al sistema político no responden a la implementación de una medida en particular sino a un sentimiento común entre los menos acomodados: la frustración. No descubro la pólvora si digo que el origen de estas crisis se encuentra en la distancia que existe entre los ingresos de una clase económica y otra.
En el caso de Chile, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advertía en el 2017 que “la desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas”.
En este complejo escenario parece quedar claro que las respuestas no serán descubiertas por medio de la verticalidad a la que nos ha acostumbrado nuestro sistema político. Será necesario incentivar el diálogo y la participación política, propiciando la horizontalidad de la discusión. Dado el contexto, este es un desafío de marca mayor.
Se trata, entonces, de un cuestionamiento al orden político y económico. Una interpelación que encuentra a la clase política en un momento poco auspicioso: una crisis de representatividad que se viene expresando hace mucho tiempo en una famélica participación política y una baja confianza en las instituciones políticas. La Encuesta Bicentenario (UC) viene colocando en evidencia este problema hace al menos una década. En el año 2018, por ejemplo, se develaron cifras alarmantes: un 7% de los encuestados expresaba confianza en el gobierno, y sólo un 1% lo hacía respecto a los parlamentarios y los partidos políticos.
Son índices que se han mantenido inalterables y que ni siquiera se modificaron con el ingreso de nuevos partidos políticos o con el cambio del sistema electoral parlamentario, que mutó desde el sistema binominal – que favorecía a las grandes coaliciones en detrimento de los partidos pequeños – a un sistema proporcional corregido que tenía por intención permitir el ingreso de nuevas fuerzas políticas al Congreso con la premisa de que así se mejoraría la representatividad. Una muestra de que el paso del tiempo no necesariamente importa una evolución hacia estadios mejores y más beneficiosos para la población.
¿Cuál es la salida a un estallido social que se aposenta en un contexto de crisis de representatividad? Si bien es cierto que un proceso constituyente como el que se ha iniciado podría ayudar a catalizar las demandas ciudadanas, colaborando a reforzar ciertas actitudes de pertenencia o identidad política respecto a las reglas básicas de nuestra democracia (Bellolio, 2015), la respuesta no se agota ahí. Es lo que nos dice la Encuesta CEP de los años 2017 y 2018, que muestra cómo preferencias de la opinión pública a una eventual reforma constitucional aparecían solamente en un 2% y 3% de las menciones.
En este complejo escenario parece quedar claro que las respuestas no serán descubiertas por medio de la verticalidad a la que nos ha acostumbrado nuestro sistema político. Será necesario incentivar el diálogo y la participación política, propiciando la horizontalidad de la discusión. Dado el contexto, este es un desafío de marca mayor.
Elif Shafak, una novelista inglesa de origen turco que analiza los conceptos de diversidad y pluralidad como respuesta al autoritarismo, advertía en 2017 cómo los sentimientos colectivos, que orientan y desorientan a la política, se amplifican y polarizan gracias a las redes sociales, significando una intolerancia a la ambigüedad y a los matices, propiciando el establecimiento de lógica binarias en los espacios de discusión.
En los matinales esto ha estado muy presente. Más que un debate, lo que nos hemos acostumbrado a ver es un choque entre dos certezas. Un tribalismo, cómo afirma Shafak, que nos niega el derecho a ser complejos, nos encoge las mentes y nos entumece los corazones al punto de volvernos insensibles al sufrimiento de otras personas. También queda patente en las denominadas “funas” (como la que está ocurriendo respecto del rector Carlos Peña en la Universidad Diego Portales) que, dicho sea de paso, según constata la encuesta CADEM (noviembre, 2019), gozan de 64% de adhesión. Una alarmante aprobación de la autotutela, un medio de autodefensa en virtud de la cual las primeras comunidades intentaban resolver sus conflictos por mano propia.
¿Por qué recuerdo esto? Porque en el actual momento en que nos encontramos – que va más allá del escenario constituyente – el diálogo y la búsqueda de consensos no son solo una necesidad sino también un requisito, que observa dos supuestos destacados por Ziblatt y Levitsky (2018) en su libro “¿Cómo mueren las democracias?” (un título que nos sugiere el riesgo que involucra el no encontrar una solución en conjunto): la tolerancia mutua, o el acuerdo de los partidos rivales de aceptarse como adversarios legítimos, y la contención, o la idea de que los políticos deben moderarse a la hora de desplegar sus prerrogativas institucionales.
Los grandes acuerdos que se requieren para alcanzar el quórum de dos tercios con los que el órgano constituyente deberá aprobar las normas de la Carta Fundamental atestiguan la relevancia del diálogo y se manifiestan en contra del choque de certezas. Al final del día el momento constituyente no se trata de derrotar a una visión en particular. Se trata de contribuir a través de grandes acuerdos a lo que poco nos importó ver como se abofeteaba: la legitimidad de nuestro sistema político. Es la única manera de enfrentar esta crisis y al mismo tiempo asegurar las bases de la convivencia para el futuro.
